La división de la totalidad de los bienes que se adquieren en vigencia del matrimonio se hace por partes iguales de forma que cada uno sin importar quien figure como dueño adquiere   50% y 50%.
 
Debido a que para los cónyuges vistos individualmente, cada uno tiene plena administración de lo que figure en su patrimonio, el patrimonio social y personal se confunde ante terceros que pretendan tenerlo como garantía.